Capítulo 2: Confidencialidad

2.1.1) ¿Qué es la confidencialidad y el secreto médico?

La confidencialidad es el “derecho del paciente a que todos aquellos que lleguen a conocer datos relacionados con su persona por su vinculación laboral al participar, de forma directa o indirecta, en las funciones propias de las instituciones sanitarias, respeten su intimidad y cumplan con el llamado deber de sigilo, reserva y secreto”.

La confidencialidad y el secreto profesional son conceptos muy parecidos pero no equivalentes.  El secreto médico (o profesional) tiene unos orígenes más antiguos que el Derecho Romano, apareciendo descrito por primera vez en el Juramento Hipocrático. El término de confidencialidad es moderno, nacido en el siglo XX y utilizado de manera válida en 1978 tras la redacción de la Constitución Española.

Lo que en la práctica médica, o aun fuera de ella, viere u oyere, con respecto a la vida de los hombres, aquello que jamás deba ser revelado, me callaré considerándolo como secreto”. (Juramento Hipocrático. Versión de la traducción francesa de Littré de 1844)

El secreto médico fue evolucionando a lo largo de la historia paralelamente a los principios éticos de la medicina. Primero fue una obligación del sanitario de proteger al paciente y no dañarlo mediante la práctica médica habitual (Principios de beneficencia y de no maleficencia), para pasar a ser un derecho del paciente, en el que sus opiniones y deseos deben de ser respetados (Principio de autonomía).

2.1.2) ¿Qué leyes regulan el secreto médico?

A pesar de que no existe una ley especifica que regule el secreto médico, existe una extensa legislación que regula este aspecto de la práctica profesional y proporciona una serie de derechos y garantías al paciente. El secreto médico no viene regulado como tal, pero hay que entender que se pretende proteger el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, al igual que proteger los datos médicos y personales que el paciente nos facilita para hacer más fácil el ejercicio de nuestra profesión. Por ello encontramos leyes de diversos ámbitos civiles y penales, o normas específicas en el código deontológico.

Es difícil y complejo conocer todas las leyes que regulan el secreto médico, pero es útil estar familiarizadas con ellas y saber dónde las podemos encontrar. Toda ley está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es muy fácil acceder a ellos a través de internet, simplemente tecleando el título en cualquier buscador. Recomendamos la lectura de algunas de las leyes más específicas para el ejercicio de la medicina.

  • Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y la propia imagen. (Artículos 1, 2, 7 y 9) [1]
  • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (Artículos 7 y 8) [2]
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (Artículo 10) [3]
  • Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. (Artículo 10)[4]
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Recogido en el Capítulo I sobre descubrimiento y revelación de secretos.
  • Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En la que se expresa el derecho a la intimidad.
  • Ley 30/1979 de 27 de octubre, de Extracción de Órganos y Trasplantes. En la que se garantiza el anonimato del receptor.

2.1.3) ¿Se debe informar a la familia de un paciente cuya capacidad de juicio se encuentra seriamente mermada? ¿Y si el paciente se niega a que la familia sea informada?

El paciente tiene derecho a que los profesionales respetemos su intimidad y no informemos a terceras personas de su situación médica si él no lo desea. La Ley 41/2002 obliga al profesional a cumplir el secreto profesional, no pudiendo informar a la familia si el paciente no ha dado su consentimiento.  Guardar el secreto profesional puede hacer que nos enfrentemos a otras leyes o que se pueda generar daño a terceras personas e incluso al paciente si no compartimos ciertos datos, por lo que la ley especifica varios supuestos en los que el médico puede romper el secreto profesional. La necesidad de avisar a un familiar entendemos que deriva de la necesidad de obtener un consentimiento para realizar un acto médico o tomar medidas para garantizar la seguridad del paciente o de terceras personas.

Cuando nos referimos que el paciente tiene alterada su capacidad de juicio, intentamos explicar que en el momento de la exploración el paciente no está capacitado para la toma de decisiones clínicas, bien por no poder entender lo que sucede a su alrededor o bien porque está alterada su capacidad volitiva. En la práctica clínica observamos que no es un continuo, que la capacidad puede alterarse a lo largo del tiempo, teniendo ciertos periodos en los que tiene una limitación temporal. En el Derecho español se presupone que toda persona tiene capacidad de obrar (de tomar decisiones) siempre que no se haya incapacitado previamente al sujeto, por lo que podemos encontrarnos con varias situaciones:

  • Paciente menor de edad: si es menor de 16 años se deberá informar siempre a los tutores (padres habitualmente), en los mayores de 16 años si la situación es de riesgo habrá que informar a los tutores. Dado que pensamos que su capacidad de juicio está mermada, habremos de avisar siempre a los tutores.
  • Paciente incapacitado mediante sentencia judicial: el representante legal (tutor) ha de ser informado de la situación y será el que tome las decisiones si se especifica en la sentencia que el sujeto es incapaz para consentir válidamente decisiones médicas.
  • Paciente no incapacitado: En principio no podríamos avisar a sus familiares si se opusiera, pero si su capacidad para tomar decisiones médicas está afectada habría que avisar a la familia para que tome las decisiones por él. Lo que el médico ha de plantearse es si se trata de una limitación acotada en el tiempo (como por una intoxicación con alcohol y/u otras sustancias), previendo que el paciente podrá tomar decisiones en las próximas horas y que no hay que tomar ninguna decisión urgente vital, o si se trata de un cuadro de mayor duración en el tiempo, que requiera medidas específicas, en los que podría ser necesario avisar a la familia en contra de la decisión del paciente.

En el Convenio de Oviedo[4] (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina) dedica su artículo 6 a explicar cómo actuar en el caso de que una persona no sea capaz bien por no tener la edad suficiente o por estar incapacitado en el momento de la toma de decisión. Lo que recalca en todo caso es que “la persona afectada deberá intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización”.

Cuando, según la ley, una persona mayor de edad no tenga capacidad, a causa de una disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento para una intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, una autoridad o una persona o institución designada por la Ley.” (Convenio Oviedo, artículo 6, párrafo 3)

Si determinamos que el paciente es incapaz, temporal o permanentemente, para la toma de una decisión médica (de especial transcendencia) debemos avisar a su representante (familiar o a alguna autoridad). Tiene especial transcendencia sobre todo a la hora de dar el alta, pautar un tratamiento psicofarmacológico o realizar un ingreso hospitalario.

[1] 7

2.1.4) ¿Es obligatorio informar a la pareja/familiar de un paciente que presenta una ETS (VIH, VHB, VHC…) y no lo ha comunicado a terceros que pudieran estar en riesgo de contagio? ¿Y si estos terceros son menores?

Cuando conocemos, durante el ejercicio de nuestra profesión, que una persona es portadora de una enfermedad de transmisión sexual, tenemos la obligación de no vulnerar el secreto profesional y preservar la intimidad del paciente. Lo que sucede en esta cuestión particular es que también existe por nuestra parte la obligación legal y deontológica de evitar que terceras personas (pareja) puedan contraer una enfermedad potencialmente grave y mortal como el caso del VIH, VHB o VHC.

El proceder más adecuado sería intentar convencer al paciente que fuera el mismo el que informara a su pareja de la enfermedad de la que es portador o que lo hiciera por medio de otras personas. Si el paciente no quisiera comunicarlo y nosotros preveamos el posible contagio de la pareja, entraríamos en un dilema ético: respetar el secreto profesional o evitar el contagio de una tercera persona de una enfermedad grave.

Si nos decidimos por comunicar a la pareja esta información infringimos la ley: “El que revelare secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis meses […] El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulgue los secretos de otra persona será castigado” (Artículo 199 del Código Penal). Pero para estos casos concretos existe una forma jurídica llamada “Estado de Necesidad” en el que se justifica la realización una conducta que no cumple las normas, para evitar un mal mayor (en este caso el contagio de una enfermedad grave). El profesional siempre puede ser denunciado por romper el secreto profesional, pero podrá argumentar en el caso de ser juzgado al juez los motivos por los que decidió proceder de ese modo, siendo un argumento válido de defensa: nuestra acción fue para que no enfermaran otras personas y no con la intención de dañar el honor del paciente.

Si se tratara de otras enfermedades con pronóstico leve no podríamos justificar nuestra acción, por lo que no seríamos eximidos de nuestra responsabilidad profesional.

2.1.5) ¿Se puede emitir un informe a petición de terceros (familia) en contra de la voluntad de un paciente?

No se pueden dar datos a terceras personas si el paciente está capacitado y no autoriza dar documentos clínicos a la familia o no autoriza a que la familia sea informada. Sólo en los casos en que el paciente sea menor de 16 años o esté incapacitado, será el tutor legal el que solicite un informe médico sobre el paciente.  En personas mayores de 16 años pero menores de 18 años, habrá que tener en cuenta la opinión del paciente y si se trata de un menor maduro y capaz de comprender porque se solicita el informe y sus fines, podría prevalecer la decisión del menor.

La excepción a la norma es la solicitud de un informe para determinar el estado del paciente, cosa que suele ocurrir cuando la familia desea iniciar una incapacitación parcial o total del paciente. Para otro tipo de trámites que precisen un informe médico sobre determinado paciente, habrá que hacerlo mediante una autorización judicial como en el caso de procesos civiles de custodia de menores.

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